Hasta 6 años de prisión tendrían los alcaldes que no brinden un buen servicio de limpieza pública en su jurisdicción según lo dispone el artículo 367 del Código Penal, si la autoridad incurriera en el delito de omisión de deberes de función.
El comisionado de la Oficina Defensorial de Lima, Aldo Vera Tafur, explicó que esta acusación procede siempre que se demuestre ante el Ministerio Público que hay deficiencias en el servicio, a pesar de que los vecinos pagan por dicho concepto.
«Una cosa es que los contribuyentes paguen sus tributos al día y los alcaldes no utilicen esos recursos, y otra es que los vecinos incumplan con sus obligaciones. Breña, por ejemplo, tiene un alto índice de morosidad en arbitrios, con lo que se debe financiar la limpieza pública. Hay que analizar qué está causando la falta de pago», comentó Vera Tafur.
Manifestó que este mismo análisis debe hacerse en otros distritos como San Martín de Porres, Comas y La Victoria, donde los vecinos también se quejan porque las calles de sus distritos están sucias. «Hay algunas zonas que se han convertido en puntos focalizados de recicladores informales que arrojan todo tipo de deshechos».
«En La Victoria hemos detectado un lugar , entre las cuadras 12 y 13 de la avenida Circunvalación, en el que confluyen otros distritos como El Agustino, donde se concentran residuos sólidos», agregó.
Cultura tributaria.
Para el comisionado, los alcaldes deben buscar soluciones creativas para que sus contribuyentes cumplan con pagar sus tributos, pero al mismo tiempo deben diseñar mecanismos de fiscalización para evitar que la gente arroje basura a cualquier hora del día sin respetar los horarios de recojo.
«Tienen que fomentar una cultura tributaria, buscar incentivos para motivar a los vecinos a cumplir con sus obligaciones. De esta manera, ellos podrán brindar un servicio adecuado de limpieza pública. Existen municipios que ofrecen a sus vecinos servicios médicos gratuitos o de grúas en caso su vehículo se malogre».
Vera Tafur informó que otras quejas constantes de los vecinos contra los municipios, recogidas por la Defensoría del Pueblo, son que las comunas no atienden denuncias de venta ilegal de alcohol o construcciones ilegales, o porque se demoran en sus trámites administrativos o no responden sus solicitudes.
