La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza Cruz, aseguró que tanto PPK como Castañeda tienen en sus manos las herramientas suficientes para declarar automáticamente la nulidad del contrato porque éste nació con velos de corrupción y la propia empresa brasileña Odebrecht aceptó haber pagado coimas por US$29 millones a funcionarios del Estado peruano a cambio de lograr contratos para obras entre los años 2005 y 2014, durante los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Espinoza quien es secretaría de la comisión investigadora del caso “Lava Jato” añadió que el Estado Peruano puede aplicar el principio 10 del Pacto Global de las Naciones Unidas que refiere que “Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno”, con lo cual no se afectarán las inversiones porque el dinero se saca del bolsillo de ciudadanos de Puente Piedra.
La parlamentaria aseguró que otro de los argumentos para declarar la nulidad o renegociar el contrato es que la empresa concesionaria incumplió con la ejecución de la mayoría de las obras y la información figura en la propia página web de Odebrecht.
Solidariza con vecinos de Puente Piedra.
Espinoza Cruz se solidarizó con los ciudadanos de Puente Piedra y lamentó que estén siendo afectados en sus derechos fundamentales, como el de libre tránsito. “Aquí está el derecho del libre tránsito porque no hay otra vía alterna que le permita al consumidor decidir ir por una vía alterna sin que altere su seguridad como ciudadano”.
“Si sale una sola vez paga 10 soles diarios, cinco de ida y cinco de vuelta, pero si lleva a su niño al centro de salud, si se le enferma y tiene que ir a un hospital, por ejemplo, los choferes que circulan en esta zona, cuánto tienen que pagar, tienen que pagar 100 soles diarios porque se hacen cuatro vueltas, en cuatro vueltas tienen que pagar 100 soles”, expresó indignada.
Informó que pedirá a la Comisión de Constitución que analice el tema de corrupción y fue enfática en señalar que por encima del derecho de inversión, está el derecho de los ciudadanos que han sido vulnerados. También pidió al primer ministro Fernando Zavala que se pronuncie sobre este tema.
“Hay que señalar y decir que lo único que se está pagando es el derecho a la corrupción. ¿Esto lo va permitir el pueblo peruano? No lo va a permitir, está afectando sus bolsillos, está afectando sus derechos constitucionales, está afectando su derecho al libre tránsito, incluso su derecho a la vida y a la salud porque si no tienes plata para pagar el peaje y tu hijo está enfermo cómo pasas por ahí”, puntualizó Espinoza Cruz.
