El Poder Ejecutivo publicó hoy el Decreto Legislativo 1300, que busca una adecuada reinserción social de las personas condenadas a menos de seis años de prisión, permitiendo que éstas tengan penas alternativas fuera de prisión, como servicios a la comunidad.
El procedimiento especial de conversión de penas procede de oficio o a petición de parte, para condenados, siempre que se presenten determinadas condiciones.
Condenados que se verán beneficiados.
Estas son: haber sido condenado a pena privativa de libertad menor de 4 años y encontrarse en el régimen ordinario cerrado de prisión; o haber sido condenado a menos de 6 años y encontrarse en la etapa de mínima seguridad del régimen carcelario.
No procede en cambio cuando la condenada es por delitos cometidos como miembros de una organización criminal, cuando es reincidente, o cuando su internamiento sea consecuencia de revocatoria previa de alguna pena alternativa a la privativa de la libertad, entre otros.
Entre los requisitos para que proceda la conversión de las penas está la verificación, por parte del juez, de los siguientes documentos: copia certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada; antecedentes judiciales; informes del órgano técnico de tratamiento del INPE que acrediten una evaluación favorable, declaración jurada del interno señalando la dirección del domicilio o residencia habitual al momento de egresar del penal.
Prioridad de conversión de pena.
Los internos de más de 65 años, las gestantes, mujeres con hijos menores a un año, la madre o padre que sea cabeza de familia con hijo menor de edad o que tenga cónyuge con discapacidad, tendrán prioridad para la conversión de la pena.
La norma, publicada en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano, lleva las firmas del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; el jefe del gabinete ministerial, Fernando Zavala; y la titula de Justicia, Marisol Pérez Tello.
